Por Reuters
La mina Cobre Panamá, operada por la empresa canadiense First Quantum Minerals, ha sido un pilar significativo en la economía panameña, representando aproximadamente el 5% del PIB nacional y el 75% de las exportaciones del país. Sin embargo, desde noviembre de 2023, la mina permanece cerrada tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional su contrato de concesión.
Impacto en el Empleo
El cierre de la mina ha tenido repercusiones notables en el empleo. Según datos de la Cámara Minera de Panamá y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), hasta diciembre de 2024, más de 54,000 empleos formales se han perdido debido al cese de operaciones de Cobre Panamá.
Esta cifra incluye tanto empleos directos como indirectos, afectando a trabajadores, proveedores y comunidades locales que dependían de la actividad minera.
Esfuerzos para la Reapertura
Desde el cierre, ha habido múltiples esfuerzos y manifestaciones por parte de trabajadores y comunidades locales exigiendo la reapertura de la mina. Miles de panameños han marchado en diversas ocasiones, destacando la urgencia de recuperar los empleos perdidos y reactivar la economía local.
En respuesta a la situación laboral, First Quantum Minerals implementó un programa de retiro voluntario para sus empleados en septiembre de 2024. Este programa ofrecía a los trabajadores la opción de retirarse voluntariamente a partir de enero de 2025 o continuar con horas reducidas. Para entonces, la fuerza laboral en el sitio se había reducido a aproximadamente 900 empleados, una disminución significativa en comparación con los 6,000 que laboraban el año anterior.
Perspectivas Futuras
El futuro de Cobre Panamá sigue siendo incierto. Aunque la empresa ha expresado su disposición a dialogar con el gobierno panameño para encontrar una solución que permita la reapertura de la mina, las complejidades legales y ambientales han retrasado cualquier avance significativo. En julio de 2024, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, indicó que los asuntos relacionados con la mina no serían abordados hasta principios de 2025, priorizando otros temas como la seguridad social.
Mientras tanto, las comunidades locales continúan enfrentando desafíos económicos y sociales derivados del cierre de la mina, esperando una resolución que equilibre el desarrollo económico con la protección ambiental y los derechos comunitarios.
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